Una de las cosas que reveló la audiencia de ayer es que Juan Francisco “Pirulo” Fernández (35 años) estuvo a punto de recuperar su libertad. El miércoles se venció la prisión preventiva que estaba cumpliendo por el crimen del ex gendarme Ángel Amado Airala, perpetrado en 2018. Han pasado cuatro años de ese hecho (que es investigado por la justicia santiagueña) y todo parece indicar que ese juicio no llegará a iniciarse este año. A pesar de todo, “Pirulo” continuará detenido al menos seis meses más por otros hechos que le imputaron ayer.

En marzo de este año, Rodolfo Aguilar, un productor de La Madrid, denunció que el reo, que cumplía arresto en el penal de Villa Urquiza, venía amenazándolo desde 2020 para sacarle dinero. Tenía secuaces en las calles que se encargaban de efectuar los cobros y de amedrentar a la víctima y a su familia. Por esa razón el fiscal Héctor Fabián Assad solicitó varios allanamientos que se realizaron el sábado. Una de las medidas se hizo en las celdas del penal, donde a Fernández le secuestraron un celular, una memoria y un chip de teléfono. También, en la casa de Marcelo Vicente Beltrán (55 años), otro acusado que fue detenido, se incautaron varias armas. Con esos elementos el fiscal pidió una nueva audiencia para imputar a “Pirulo” por los nuevos delitos.

Siete hechos

Assad explicó que en total le reprocharían siete hechos a “Pirulo”, todos ocurridos entre mayo de 2020 y enero de 2022.

En todos los casos la participación del prisionero fue idéntica, según la acusación en las siete intervenciones llamó o le escribió a la víctima extorsionándola e incluso en algunos casos amenazándola de la muerte para que le entregue dinero a determinadas personas que iban a La Madrid a efectuar el cobro.  

En las cobranzas intervinieron otras personas que aún son buscadas. Una de ellas sería un familiar de “Pirulo”, también una mujer que se hacía pasar por abogada y un adolescente de 15 años (inimputable). Beltrán sería quien proveía de armas y otros elementos a la banda. Según estimó el abogado querellante Patricio Fresia, a Aguilar le habrían quitado -paulatinamente- cerca de $ 5 millones.

El fiscal junto a su auxiliar Álvaro Antoni Barrios, le imputaron al reo los delitos de extorsión, extorsión documental, amenazas coactivas, y robo agravado en poblado y en banda.

Los investigadores ofrecieron como evidencias varios mensajes que recuperaron de los teléfonos analizados. Los textos comprometedores seriamente a varios de los señalados. También valoraron las declaraciones de las víctimas y dijeron que las cámaras de seguridad que instaló la hermana de Aguilar en su casa habría registrado a algunos de los autores.

Por último, Assad recordó las fugas que protagonizó Fernández en el pasado y le pidió al juez Cristian Velázquez que le ordenara la prisión preventiva por 6 meses y que no se le permita usar dispositivos móviles. El magistrado aprobó el pedido a pesar de la oposición manifestada por el defensor José Manuel Sánchez Martínez.

“Pirulo” Fernández también declaró: “estoy en una cárcel de máxima seguridad, los presos no tenemos los teléfonos, los sacaron de un casilleros con candado. Nos dejan utilizarlos para hablar con nuestras familias y luego los guardan. Tenemos horarios para hablar”, dijo, y protestó porque ya no podrá mantener contacto con su familia.